Medellín, 1 de junio de 2023
Carta abierta a los antioqueños, al presidente Gustavo Petro, al comisionado
Danilo Rueda.
Señor presidente y señor comisionado:
Los antioqueños hemos sido enterados por los medios de comunicación que el día
de mañana viernes 2 de junio, en la Cárcel de Itagüí, se instalará una mesa de
negociación con los grupos ilegales asentados en Medellín y el Valle de Aburrá.
Ante este anuncio, surgen muchas preocupaciones por la falta de información clara
que hay alrededor del mismo.
Los colombianos no podemos asistir pasivos y silenciosos a una gran
operación de lavado de activos, ni a una legalización a gran escala de fortunas
de grupos insurgentes o de grupos criminales sin que exista un exigente
proceso de sometimiento, con verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición.
Esta historia ya la hemos vivido. Algunos integrantes de estas estructuras ilegales
ya han participado en otros procesos donde han sido expertos en hacerle “conejo”
y “trampas” a la ley: dialogan y alargan el proceso, mientras se fortalecen y
continúan delinquiendo; o si se someten, no entregan nada a cambio, o muy pocas
cosas.
Si ellos no están dispuestos verdaderamente a colaborar con la justicia, entregar
sus rentas ilegales, armas, rutas, desmantelar sus estructuras y dejar el control
territorial que han tenido por décadas, lo único en lo que terminaremos es en un
gobierno que por ingenuidad (o complicidad), termine empoderándolos aún más.
Frente a la incertidumbre y en aras de que los antioqueños tengamos mayores
claridades, me parece necesario elevar ante ustedes las siguientes preguntas:
- ¿Qué es, qué significa, cuál es el alcance de la paz total?
- ¿Qué mecanismos claros permitirán negociar, simultáneamente, a todo lo
largo y ancho del territorio nacional, la paz con grupos insurgentes de origen
político y el sometimiento con grupos delincuenciales vinculados al
narcotráfico? - Quién realizará directamente las negociaciones simultáneas con los grupos
insurgentes y con los delincuenciales vinculados al narcotráfico, ¿el
Gobierno? - ¿Cuál es el periodo establecido inicialmente para estas conversaciones y
como podrá afectar el proceso electoral que viene? - ¿Es suficiente la Ley 418/22 como marco jurídico para avanzar en
negociaciones sin un norte claro del puerto al que se quiere llegar? - ¿Cuál es la dimensión territorial de la paz total, en Colombia y
territorialmente, cuántos grupos de delincuencia común vinculados al
narcotráfico, y cuántos grupos insurgentes participarán de dichas
negociaciones, y a cuántos integrantes representan dichas estructuras
ilegales? - ¿Al amparo de la justicia, se priorizará un proceso seguro de desvinculación
inmediata de niños, niñas y adolescentes de organizaciones criminales y
estructuras delincuenciales barriales? - ¿Cuáles serán las garantías para las víctimas y para el país de verdad,
justicia, reparación y no repetición? - ¿Está claro qué están dispuestas a entregar estas estructuras ilegales
a cambio de qué beneficios políticos, legales o económicos? - ¿Cómo se garantizará que los hombres y mujeres que hacen parte de
estas estructuras bajo el mando de los negociadores no continúen
delinquiendo? - ¿Durante el proceso de negociaciones cómo garantizará el Gobierno la
autoridad y la seguridad en los territorios?
Durante los últimos meses hemos visto como la violencia, el terror y la inseguridad
han venido creciendo de manera alarmante en algunos de nuestros territorios.
Mientras la gente y sus familias tienen miedo, la apuesta del gobierno ha sido lenta
y confusa.
La paz total pasó a ser la del miedo total.
Por eso, hago esta solicitud no solo como un ciudadano creyente de la paz integral,
el fortalecimiento de la institucionalidad y la autoridad en los territorios, sino también
como un fiel convencido de los valores democráticos, el estado social de derecho y
el respaldo a nuestra Policía y Fuerzas Militares.
Atento a su respuesta, con respeto,
Eugenio Prieto.
