Medellín, 1 de junio de 2023

Carta abierta a los antioqueños, al presidente Gustavo Petro, al comisionado
Danilo Rueda.

Señor presidente y señor comisionado:

Los antioqueños hemos sido enterados por los medios de comunicación que el día de mañana viernes 2 de junio, en la Cárcel de Itagüí, se instalará una mesa de negociación con los grupos ilegales asentados en Medellín y el Valle de Aburrá.

Ante este anuncio, surgen muchas preocupaciones por la falta de información clara que hay alrededor del mismo.

Los colombianos no podemos asistir pasivos y silenciosos a una gran operación de lavado de activos, ni a una legalización a gran escala de fortunas de grupos insurgentes o de grupos criminales sin que exista un exigente proceso de sometimiento, con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Esta historia ya la hemos vivido. Algunos integrantes de estas estructuras ilegales ya han participado en otros procesos donde han sido expertos en hacerle “conejo” y “trampas” a la ley: dialogan y alargan el proceso, mientras se fortalecen y continúan delinquiendo; o si se someten, no entregan nada a cambio, o muy pocas cosas.

Si ellos no están dispuestos verdaderamente a colaborar con la justicia, entregar sus rentas ilegales, armas, rutas, desmantelar sus estructuras y dejar el control territorial que han tenido por décadas, lo único en lo que terminaremos es en un gobierno que por ingenuidad (o complicidad), termine empoderándolos aún más.

Frente a la incertidumbre y en aras de que los antioqueños tengamos mayores claridades, me parece necesario elevar ante ustedes las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es, qué significa, cuál es el alcance de la paz total?
2. ¿Qué mecanismos claros permitirán negociar, simultáneamente, a todo lo largo y ancho del territorio nacional, la paz con grupos insurgentes de origen político y el sometimiento con grupos delincuenciales vinculados al narcotráfico?
3. Quién realizará directamente las negociaciones simultáneas con los grupos insurgentes y con los delincuenciales vinculados al narcotráfico, ¿el Gobierno?
4. ¿Cuál es el periodo establecido inicialmente para estas conversaciones y como podrá afectar el proceso electoral que viene?
5. ¿Es suficiente la Ley 418/22 como marco jurídico para avanzar en negociaciones sin un norte claro del puerto al que se quiere llegar?
6. ¿Cuál es la dimensión territorial de la paz total, en Colombia y territorialmente, cuántos grupos de delincuencia común vinculados al narcotráfico, y cuántos grupos insurgentes participarán de dichas negociaciones, y a cuántos integrantes representan dichas estructuras ilegales?
7. ¿Al amparo de la justicia, se priorizará un proceso seguro de desvinculación inmediata de niños, niñas y adolescentes de organizaciones criminales y estructuras delincuenciales barriales?
8. ¿Cuáles serán las garantías para las víctimas y para el país de verdad, justicia, reparación y no repetición?
9. ¿Está claro qué están dispuestas a entregar estas estructuras ilegales a cambio de qué beneficios políticos, legales o económicos?
10. ¿Cómo se garantizará que los hombres y mujeres que hacen parte de estas estructuras bajo el mando de los negociadores no continúen delinquiendo?
11. ¿Durante el proceso de negociaciones cómo garantizará el Gobierno la autoridad y la seguridad en los territorios?
    

Durante los últimos meses hemos visto como la violencia, el terror y la inseguridad han venido creciendo de manera alarmante en algunos de nuestros territorios. Mientras la gente y sus familias tienen miedo, la apuesta del gobierno ha sido lenta y confusa.

La paz total pasó a ser la del miedo total.

Por eso, hago esta solicitud no solo como un ciudadano creyente de la paz integral, el fortalecimiento de la institucionalidad y la autoridad en los territorios, sino también como un fiel convencido de los valores democráticos, el estado social de derecho y el respaldo a nuestra Policía y Fuerzas Militares.

Atento a su respuesta, con respeto,

Eugenio Prieto.